NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO NO INHABILITA A CONCEJALES Y DIPUTADOS ACTUALES ASPIRAR A ALCALDÍAS Y A GOBERNACIONES. (Concepto personal)

NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO NO INHABILITA A CONCEJALES Y DIPUTADOS ACTUALES ASPIRAR A ALCALDÍAS Y A GOBERNACIONES. (Concepto personal)

NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO NO INHABILITA A CONCEJALES Y DIPUTADOS ACTUALES ASPIRAR A ALCALDÍAS Y A GOBERNACIONES. (Concepto personal)

Nuevo código disciplinario

El artículo 43 de la ley 1952 de 2019, contempló 2 escenarios de INCOMPATIBILIDAD así: *NO OMITIR LOS DOS PUNTOS DEL NUMERAL 1*

“Artículo 43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.”

Esta norma ya se encontraba contemplada en el Art. 39 de la Ley 734 que señala:

“ARTÍCULO 39. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período:

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.”

La diferencia entre una y otra norma es que extiende la incompatibilidad hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 181 de 2002, expresó lo siguiente :

 

“Conforme con la relación anterior, la Corte Constitucional ha precisado que en materia de definición de inhabilidades e incompatibilidades, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración que sólo se restringe por expresa disposición constitucional. En este sentido, la Corte ha dicho que “los únicos límites del Legislador para determinar los regímenes de calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos mencionados, son los parámetros establecidos de manera explícita por la misma Constitución” y que “cuando el Congreso ejerce dicha atribución, limitando o reglamentando el acceso a los citados cargos, no se ve afectado el derecho a la participación política, pues se trata, simplemente, de la fijación de límites razonables a la participación, en aras de proteger el interés general.”

 

Ahora bien, este Tribunal, mediante Sentencia C-307 de 1996, hizo énfasis en el propósito central que inspira las incompatibilidades de los servidores públicos y subrayó que las normas que las establecen persiguen “mantener la probidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones, a través del señalamiento de impedimentos legales, relacionados con la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos actividades o cargos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública.”

 

Del mismo modo, mediante pronunciamiento hecho en la Sentencia C-426 de 1996, la Corte procedió a declarar la exequibilidad de la expresión “diputados”, contenida en el artículo 44 que ahora se estudia, en cuanto la misma se aplica a la incompatibilidad para ser “apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales”. La Corte, en dicha oportunidad, determinó que la disposición se ajustaba a la Carta por cuanto, de un lado, el derecho al trabajo no es un derecho absoluto y, del otro, el fin perseguido por
la norma es el de “evitar un conflicto de intereses entre la Administración y el miembro de la respectiva
corporación pública, de forma tal que el interés general prime sobre el particular, así como de garantizar que
quienes en el ámbito departamental ostenten la calidad de servidor público y la representación de la comunidad,
se dediquen íntegramente a la gestión pública que han asumido como Diputados a la Asamblea Departamental,
a fin de lograr la eficiencia y moralidad de la administración seccional”.

 

Es diáfano que la intención del Legislador desde la Ley 200 de 1995, pasando por la Ley 734 de 2002 (normas
estudiadas por la Corte Constitucional) y ahora con la nueva Ley 1952 de 2019, es la de establecer unas
*PROHIBICIONES* para quienes ostenten los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y
miembros de las juntas administradoras locales de ejercer cualquier actuación paralela a su actividad como
servidor público, pues es claro que estaría incurso en conflicto de intereses, en tanto, como dice la Corte en su
estudio de Constitucionalidad se busca que la actividad del servidor público sea transparente y de dedicación
exclusiva al servicio público.

Por lo anterior, no es adecuado interpretar que estas prohibiciones se les imponen a quienes deban cumplir sus
funciones a partir del primero de enero de 2020, habiendo sido elegidos popularmente, pues ello sería hacer
una interpretación extensiva de unas incompatibilidades que además, se insiste, están dirigidas a prohibir que
servidores actuales y futuros, adelanten actuaciones simultáneas o paralelas en los entes territoriales donde
ostentan tales dignidades y hasta 12 meses después de la dejación del cargo.

Sin lugar a dudas se vendrán trámites ante el Consejo Nacional Electoral concernientes a revocatorias de
inscripción de candidatos y demandas de Nulidad Electoral, la cuales, a juicio de este Profesional del Derecho
no tendrán vocación de prosperidad, atendiendo al precedente Constitucional antes referido.

 

YESID VILLARRAGA, Abogado Especialista en Derecho Administrativo

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