LA INOPERANCIA DE LA FISCALÍA

LA INOPERANCIA DE LA FISCALÍA

LA INOPERANCIA DE LA FISCALÍA

 

LA INOPERANCIA DE LA FISCALÍA

LA INOPERANCIA DE LA FISCALÍA muy cerca a sus albores, la Fiscalía General de Nación, en un sistema propio de nuestras instituciones de “ensayo y error” (aunque normalmente el ensayo lleva al error, y el siguiente ensayo desemboca en un nuevo error, y así sucesivamente), se ideó un esquema que se ha prolongado en el tiempo, pero también en la ineficiencia, denominado pomposamente “UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA”. 

La reacción es la respuesta a una acción, y en materia criminal se supone que esa reacción surge ante la acción transgresora de la ley penal, y debe ser, sin duda, inmediata, para que tenga efecto.  Pero realmente esa reacción es impasible, es decir, sin agilidad, sin rapidez, sin inmediatez.

La tal URI en realidad es un grupo de fiscales disponibles para recibir a los capturados en flagrancia, y con un paupérrimo equipo de policía judicial, que se limitan a realizar el tal “arraigo”, que es lo más irrelevante del mundo como que se limitan a realizar una llamada telefónica, a buscarles anotaciones en la base de datos de la entidad, a pedir a la Registraduría la certificación de la cédula, a remitir algunas víctimas a Medicina Legal o al mismo capturado; y pare de contar.

Además, da tristeza presenciar una diligencia de inspección judicial a cadáver, donde llegan los policías judiciales del CTI o SIJIN con sus trajes asépticos, que parecen “teletubbies”, empaquetan el cadáver en una bolsa y a la morgue con él, y punto.  No se despliega en forma inmediata un equipo de investigadores de campo, en una ciudad con un índice de homicidios como Medellín.  Y no se diga que desde el aire el flamante helicóptero de la Policía Nacional, acondicionado con una inversión millonaria por la Alcaldía, es un herramienta eficaz de investigación, si acaso suasoria a gran costo.

Ya es una tortura acudir a la URI a presentar una denuncia, donde hay que esperar turno por horas, y realmente el sistema de denuncias por página Web, se limita a unos cuantos delitos, y realmente no va a provocar una reacción inmediata. Si no la hay con la denuncia presencial, qué podemos esperar con la virtual.

¿Cuántas inspecciones al lugar de un hurto en residencia, establecimiento, o finca se realiza una vez se instaura la denuncia, que ni siquiera es menester que se haga presente ésta, sino que, ante el reporte a la Policía Nacional e la ocurrencia del delito, debía activarse ese equipo de policía judicial?

Mientras la Fiscalía no conforme equipos de Policía Judicial operando las 24 horas, para acudir en forma inmediata al lugar donde se haya cometido un delito, en búsqueda de elementos materiales probatorios, que con celeridad procedan a solicitar registros fílmicos de las cámaras ubicadas en la inmediación (porque no solo las cámaras públicas sino las privadas se encuentran por doquiera); mientras no opere con eficacia el sistema IBIS (comparación balística) que permita confrontar un proyectil con los hallados en otras escenas de crimen; y se acopien en todas las sedes sistemas de identificación personal (AFIS) para que no hayan suplantaciones de identidad (lo que coloquialmente llaman “chapearse”), la alta tasa de impunidad no podrá empezar a descender, y las autoridades locales (entiéndase Policía Nacional y el Secretario de Seguridad) se limitarán a especular que una muerte corresponde a ajuste de cuentas, a reacomodamiento de estructuras criminales, a líos de faldas, o cualquier desaguisado similar.

Realmente solo cuando la noticia criminal llega a un fiscal radicado (es decir, diferente al de la URI, que no reacciona), se realiza un programa metodológico u orden a Policía Judicial para la materialización de actos de investigación; es entonces cuando se hacen solicitudes de registros fílmicos, que muchas veces ya se responde que no existen; se busca entrevistar a potenciales testigos, que ya pudieron ser aleccionados o amedrentados; que ya no se pueden buscar huellas dactilares o búsqueda de fluidos en escena de crimen para identificación humana.  Acá aplica ese viejo aforismo que reza que “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.

El señor Alcalde de Medellín, dentro de su programa de gobierno, contempló el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y por eso lo del famoso helicóptero, el aumento del pie de fuerza policial, el aumento de cámaras de vigilancia, aumento de cuadrantes, más vehículos policiales.  Pero eso es inútil, sin un aparato investigativo eficaz y célere, que sea reactivo, y no impasible, que de verdad asuma una reacción inmediata, como respuesta a la acción delictiva, en lugar de enfocarse exclusivamente en los capturados en flagrancia.

Además, y ya para rematar el tema, solo grima produce las reclamaciones del General de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quejándose de que cada diez (10) capturados ocho (8) quedan en libertad, como si ello fuera atribuible a la Fiscalía o a la Judicatura, y no a la misma institución, dedicada a cazar drogadictos y habitantes de calle, pero poca efectividad en captura de fleteros o sicarios.  Realmente no llegan a esclarecerse dos (2) de cada diez (10) homicidios.  Y es ello lo que lleva a la justicia particular, a que los ciudadanos arrollen los fleteros, a que la turba intente linchar a los violadores de niños.  Es que basta pasar por el frente al famoso “bunker” de la Fiscalía, para observar decenas de motos policiales que han abandonado el cuadrante, para llevar a judicializar a los adictos o escaperos que han sacado unos “cucos” del Éxito, mas casi nunca un homicida, un “fletero” o un verdadero narcotraficante.

Todas estas elucubraciones, para señalar que mientras no se fortalezca la investigación criminal, mientras los alcaldes no enfilen sus esfuerzos a dotar a unidades de investigadores de tecnología, logística de transporte, comunicaciones, laboratorios, todas esas acciones de choque, de emergencia, serán paños de agua tibia para bajar la calentura, pero no para curar la enfermedad.

 

 

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AUTOR:

Dr. Hernán Eugenio Yassín Marín

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