¿ES NECESARIA UNA REFORMA A LA JUSTICIA?

¿ES NECESARIA UNA REFORMA A LA JUSTICIA?

¿ES NECESARIA UNA REFORMA A LA JUSTICIA?

¿Es necesaria una reforma a la justicia?

¿Es necesaria una reforma a la justicia? desde los primeros pasos trémulos de la República, bajo la égida del Libertador Simón Bolívar, ya se hablaba de emergencia judicial.  Y es algo cíclico hablar de una emergencia, ante la morosidad y la carga de litigios y casos, y de reforma tras reforma.

Un proceso contencioso administrativo, con segunda instancia ante el Consejo de Estado por Reparación Directa, Sección Tercera, actualmente puede estar sobrepasando los diez (10) años; un proceso civil, con segunda instancia ante el Tribunal Superior de Distrito, pasa de los dos (2) años (y es una hazaña del nuevo Código General del Proceso, porque antes eran cinco -5- o seis -6- años, como mínimo); un proceso laboral de mínima cuantía, no baja de los dos (2) años; un proceso penal puede tardar hasta segunda instancia, fácilmente, cuando es complejo, unos tres (3) años (ya es un gran avance, antes eran hasta seis -6- o más).

Y eso que venimos de ensayar jueces y magistrados de descongestión en casi todas las áreas del Derecho, y pírico fue el resultado.

Pero ya hemos realizado reformas legislativas importantes, que de alguna forma han acortado término, e incorporado sistemas de oralidad, que de alguna forma deben propender por acortar términos.  Aunque muchas de esas reformas avanzan a paso de cangrejo, un paso para adelante, y dos para atrás, porque se cercenan algunos avances iniciales, como ha sucedido en al tema penal, donde ya no se hace sustentación oral ante el juez de segunda instancia, sino que se hace oral y hasta por escrito, ante el de primer grado, perdiéndose la inmediación argumentativa.

¿ES NECESARIA UNA REFORMA A LA JUSTICIA?

Pero no parece ser la panacea el acortamiento de términos, porque la congestión previa es proverbial en todas las áreas del Derecho, una carga que cuando se ha evacuado, ya hay otra mayor acumulada.

En nuestro respetuoso sentir y concepto, aparte de la necesaria despolitización de la Rama Judicial, sustrayéndola de la participación en la elección de algunos dignatarios, es menester fortalecer la carrera judicial, minimizando los nombramientos en provisionalidad, y aumentando significativamente la planta de funcionarios, jueces y magistrados.

A ello, debe sumarse unos protocolos estrictos, un sistema de calidad, con trazabilidad de los procesos, una capacitación permanente, no necesariamente presencial, sino combinando la utilización de las herramientas informáticas y el uso de las mismas para interactuar con los usuarios, con cobertura total en la consulta de procesos, de envío y recepción de documentos, estados en línea, el expediente electrónico, entre otros.

Resulta necesario suprimirle a la Fiscalía General de la Nación los rezagos de actividades de reserva judicial, que aún subsisten, como son la potestad de ordenar interceptación de comunicaciones, de interceptación de correspondencia, y la captura excepcional, pero, además, para lograr una igualdad real de armas, la Fiscalía General no puede pertenecer a la Rama Judicial; tiene que ser bien un órgano independiente, o bien depender del Ejecutivo, ya que litiga a nombre del Estado, en aplicación de la política criminal.

Por último, nos queda un álgido tema para los abogados litigantes, y es el control disciplinario en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. No tiene razón de ser que los abogados sean disciplinados por un órgano jurisdiccional, a tal punto que entonces, esas decisiones no puedan controvertirse en otras instancias, como la jurisdicción contencioso administrativa.  El manido argumento de la trascendencia social de la profesión de abogado, no es suficiente, porque en igual sentido, de gran trascendencia es la medicina, que tiene en sus manos la vida de seres humanos, o la ingeniería civil, con obras de gran magnitud que de colapsar causan grandes tragedias, o el periodismo, en fin, una multitud de profesiones que tienen tribunales de ética, donde son sus pares quienes investigan y juzgan.

La colegiatura nacional es un anhelo de vieja data, donde sea esa misma organización nacional, con ramificaciones departamentales, la que ejerza el control ético de los profesionales del derecho.

Esta es la verdadera reforma que se necesita con urgencia para salir del descrédito, de la morosidad, y del colapso.

 

HERNÁN E. YASSÍN M.

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